Millones de pesos, un edificio donde funciona una radio, dólares, documentos, contradocumentos y tráfico de influencias representan una bomb...
Ello emerge de una denuncia por "asociación ilícita, abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario público" interpuesta por el empresario tucumano Raúl Ernesto Sumbay, con el patrocinio del abogado Jorge Navarro. Los denunciados: Luis Manuel Pericás, su hermano Pablo, Rómulo Rava y Ramón Tarchini Saavedra, éstos últimos ex jueces ya renunciantes. Según la presentación, Rava habría dictado una medida cautelar con efectos multiplicadores.
El objetivo fue retrotraer la situación económica-empresarial de Luis Pericás al año 2004. Con ello, Rava habría dejado sin efecto acuerdos por deudas millonarias, direccionando el patrimonio neto y capitalizando a Luis Pericás. Como toda historia, siempre hay una introducción. Por aquellos días, Pericás enfrentaba grandes deudas de su LV7 en Tucumán. Sin pauta publicitaria oficial, habría acordado con Camilo López un contrato de "management". Un convenio de administración o especie de alquiler. Con el tiempo, Pericás recibió un canon locativo, sin perder su condición de titular de la radio. Como Pericás dejó de pagar, sobrevino una deuda. La gota que colmó el vaso partió de la familia, dos con el 98% accionario de la radio y Luis, el 2%. Pero en un contradocumento, aquellos "socios" habrían reconocido que el 66% de la radio era propiedad de Pedro, tío de Pericás. Agobiado por las deudas y denuncias, entre ellas una de Pedro, Luis Manuel Pericás acordó en una audiencia judicial la venta del edificio de LV7.
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